Bajo presión

nuestros actores políticos deberían aprender una lección: cuando las cosas que deben hacerse no son hechas de propia iniciativa, lo más probable es que más tarde tengas que hacerlas bajo presión

Es un hecho que parte importante de los actores políticos nacionales consintieron en iniciar un proceso constituyente bajo presión, bajo la presión que ejerció la situación política y social que se produjo a partir del 18 de octubre de 2019. Hasta el propio gobierno, que convocó a un plebiscito de entrada sobre la materia, da muchas veces señales de no estar convencido de las bondades de dicho proceso y, sin ir más lejos, acaba de lanzar una sonda para testear si habría ambiente o no para postergar nuevamente ese plebiscito e incluso para olvidarse de él, como si el coronavirus tuviera entre sus efectos secundarios producir amnesia en los ciudadanos. Afortunadamente esa sonda cayó en el vacío, y de lado y lado del espectro político hicieron presente que el plebiscito no estaba en duda y que tampoco debía ser pospuesto con motivo de que en octubre próximo, y quien sabe por cuánto tiempo más, tendremos una situación económica desmejorada.

El argumento de haber sentido presión para consentir en el proceso constitucional en marcha olvida que muchos documentos jurídicos y políticos de la historia de Occidente, de los cuales hoy nos enorgullecemos, han sido obtenidos bajo presión que se ejerció sobre quienes detentaban el poder. Así, por ejemplo, fue por presión de los plebeyos sobre los patricios que en la antigua Roma se originó la famosa Ley de las XII Tablas, por medio de la cual el derecho entonces vigente, que era conocido solo por la clase de los patricios, se escrituró y exhibió públicamente a la entrada del foro romano.

La Carta Magna inglesa de 1215, que tanta importancia tuvo en la historia de lo que hoy llamamos derechos humanos, no fue “dada” por el rey Juan, como miente su texto, sino arrebatada a este por los señores, nobles y comerciantes de la época que rodearon el palacio real con un ejército de mil hombres a caballo. Solo de ese modo pudieron conseguir que el monarca les reconociera algunos derechos; por ejemplo, el de no ser expropiados sus bienes en favor de la corona y de las guerras en que esta se involucraba, y el de no imponerles tributos arbitrariamente.

La no menos célebre Acta del Haber Corpus, de 1679, que consagro una acción para poner término a prisiones arbitrarias y conseguir que las personas detenidas por la policía fueran llevadas prontamente a presencia de los jueces y no permanecieran largo tiempo en las mazmorras siendo víctimas de torturas, tuvo su origen en el encarcelamiento arbitrario de opositores al rey Carlos II, quien se vio forzado a aprobar la Carta.

La Declaración de Derechos de 1688, también en Inglaterra, fue firmada por Guillermo de Orange y su esposa, María, como condición para acceder al poder después de haber destronado al rey Jacobo II, un déspota de triste memoria. La Declaración, preparada por el parlamento de la época, fue presentada a los nuevos monarcas en la misma fecha en que iban a ser proclamados reyes, de modo que la aceptación de la Declaración por parte de estos fue una auténtica condición para hacerse efectivamente con la corona. La Declaración de Derechos, entre otras cosas, estableció que la elección de los miembros del parlamento sería libre, que la corona no podría aprobar nuevos impuestos sin autorización del parlamento, y que existiría el derecho de dirigir peticiones al rey y que cualquier encarcelamiento motivado por una de esas peticiones sería considerado ilegal.

Así es como ha avanzado el mundo en materias políticas y sociales, muchas veces bajo presión ejercida sobre el poder, y nadie hoy se escandaliza por ello. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, con la que se dio inicio al importante proceso de internacionalización de esos derechos, y a la que han seguido un bueno número de pactos y tratados internacionales sobre la materia, constituyó una reacción a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. ¿A alguien se le ocurriría poner en duda la legitimidad y buenos efectos mundiales de esa Declaración solo porque fue firmada bajo presión por las naciones que habían perdido la guerra?

Pudimos haber avanzado hacia una nueva Constitución si no se hubiera archivado el proceso que en tal sentido había iniciado el gobierno anterior en una situación de plena normalidad, pausada y democráticamente, y ahora lo hacemos en medio de una situación anormal, con cierta prisa, aunque también de manera democrática.

De lo anterior nuestros actores políticos deberían aprender una lección: cuando las cosas que deben hacerse no son hechas de propia iniciativa, lo más probable es que más tarde tengas que hacerlas bajo presión.