¿Qué tipo de sociedad podría asegurar la justicia para todas las personas que conforman la humanidad?
Esta opinión se aleja de los lugares comunes, hoy en boga en muchos países y en Chile, relacionados con los […]
Esta opinión se aleja de los lugares comunes, hoy en boga en muchos países y en Chile, relacionados con los […]
No es posible pensar en cualquier tipo de cambio -social, económico y político, y especialmente en el cambio constitucional-, si […]
No es posible siquiera pensar en cualquier tipo de cambio -no solo constitucional-, si no se estudian los recursos políticos […]
En una anterior columna, abordamos que “el fracaso de los dos procesos constitucionales encuentra su origen en la indebida apropiación del […]
Existe un gran parecido entre los extremos en cuanto al abuso de su mayoría para imponer sus dogmáticas doctrinas políticas, que no dan ningún lugar a la deliberación que haga posible la participación de todos los actores políticos en la formación de un consenso democrático.
Debemos incorporar las tecnologías en la educación para alcanzar el futuro compartido de la humanidad en el sentido de cultivar una ciudadanía democrática y cosmopolita. Esto no conlleva un desmerecimiento del aporte que la tecnología podría hacer en el logro de un mejor funcionamiento del sistema político y del sistema económico. Sin embargo, estos sistemas deberían ser funcionales al progreso de la democracia y del cosmopolitismo.
Un discurso sin reservas en favor de la privatización de todas las políticas económicas y sociales es entendido por Habermas como una expresión de la acción ideológica abierta que pretende imponer una visión del orden político en total contradicción con la organización democrática de la sociedad. En su versión extrema puede llegar a transformarse en una verdadera subasta de la esfera pública deliberativa a la maximización de las ganancias y subordinación de la cultura y la educación a intereses pertenecientes exclusivamente a la esfera de los intereses privados.
Después de cinco años de discusión en torno a la reforma constitucional, pensamos que es un deber de las ciencias sociales y la filosofía política preguntarse por qué fracasaron las propuestas de la Convención y el Consejo dirigidas al cambio de la Constitución de 1980.
Esos impuestos son absolutamente necesarios para desincentivar la construcción de estructuras de generación de energía basada en combustible fósiles causantes de la emisión de gases de efecto invernadero que están provocando la destrucción de la Tierra.
La presión sobre el planeta refleja la tensión que soportan muchas de nuestras sociedades. De hecho, los desequilibrios planetarios que son peligrosos para las personas y para todas las formas de vida y los desequilibrios sociales, se agravan mutuamente. En este contexto corresponde situar la discusión sobre los impuestos para la justicia ambiental en Chile.
Con este objetivo en mente hemos destacado algunos aspectos centrales del capítulo XII del libro Impuestos justos para el Chile que viene. Diagnósticos y desafíos tributarios para un nuevo pacto fiscal, titulado “Impuestos para la justicia ambiental”. Este capítulo ha sido elaborado por Marcelo Mena, el internacionalmente reconocido experto en cambio climático, exdirector del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de la Escuela de Ingeniaría Bioquímica de la misma universidad. Como él sintetiza, un buen diseño de los impuestos verdes permitiría a las economías del mundo alinear objetivos ambientales y económicos. En el caso de Chile, luego de casi 10 años de su promulgación (2014), estos impuestos deben ser corregidos para que aumenten su efectividad.