Serie sobre el estallido social (2): El saqueo se impone al delito común

La caída del número de imputados por hurto falta (-49,7%), hurto simple (-39,2%), robo con intimidación (-33,5%), robo en lugar habitado (-16,6%), robo con sorpresa o “lanzazo” (-40,7%), y robo en bienes nacionales de uso público o sitios no destinados a habitación (-31,2%) se debería a que muchos de quienes cometían estos delitos redirigieron sus actividades delictuales hacia el saqueo, aprovechando el caos de las primeras semanas del estallido social.

Estos datos reafirman nuestra hipótesis en el sentido que dichos imputados están más vinculados a la delincuencia común que a supuestos actos de carácter antisistémico.

Como anunciamos en la primera entrega de nuestro estudio del estallido social, el Foro Valparaíso decidió ajustar su programación para contribuir a la elaboración de su diagnóstico, como de sus posibles soluciones. La coyuntura política, económica, social y cultural actual representa un foco privilegiado de investigación, ya que sostenemos que lo que está aconteciendo en Chile es una expresión de un fenómeno global. Cabe destacar que el proceso de globalización, en su actual fase evolutiva, ha sido el objeto permanente de reflexión del Foro.

Para iniciar el estudio del estallido social nos propusimos describir y analizar a los actores del conflicto: saqueadores, encapuchados, anarquistas y diversos sectores de la clase media -muchos de los cuales serían protestantes pacíficos-. Esta clasificación no es rígida, por lo que cabría esperar una superposición entre algunos de los actores ya mencionados.

En nuestra primera entrega nos referimos a los saqueadores como una de las formas que adoptaría el lumpenproletariado en las actuales condiciones del capitalismo maduro. Allí propusimos una tipología de saqueadores con la finalidad de comprender los motivos de su conducta y cómo se valieron del contexto de movilizaciones sociales para cometer delitos, muchas veces de manera violenta. Luego distinguimos los siguientes tipos de saqueadores: a) los consumistas exitosamente socializados por el sistema en la cultura del consumo, sin cuyo culto el sistema colapsaría; b) los jóvenes y menores distribuidores de drogas en comunas controlada por narcotraficantes criminales; y c) los saqueadores oportunistas.

Ahora daremos cuenta de los avances en las investigaciones de la Fiscalía en torno a los saqueos, y algunos hechos que avalarían nuestra hipótesis de la relación entre narcotráfico y saqueo.

Cifras de saqueos en términos nacionales

El Informe Estadístico Anual del Ministerio Público ha incluido un análisis de los delitos que se han cometido desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019, comparándolos con el mismo periodo de 2018. El total de imputados llevados a audiencias de control de detención (ACD) por flagrancia fue de 45.501, un 11% más que en el mismo periodo de 2018 (40.966)[1].

De este total, los imputados por robo en lugar no habitado (saqueo), fueron 3.413, un 133,6% mayor que en igual periodo de 2018 (1.598). La receptación (comprar o poseer especies hurtadas, robadas o apropiadas de manera indebida) experimentó un alza de 17% (1.929 imputados en 2018 versus 2.257 en 2019). En cambio, otros delitos cayeron durante el periodo octubre-diciembre de 2019 comparado con 2018. Este es el caso del hurto falta (-49,7%), hurto simple (-39,2%), robo con intimidación (-33,5%), robo en lugar habitado (-16,6%), robo con sorpresa o “lanzazo” (-40,7%), y robo en bienes nacionales de uso público o sitios no destinados a habitación (-31,2%)[2]. Dada la caída descrita, podría inferirse que un número importante de imputados redirigieron sus actividades delictuales hacia el saqueo, aprovechando el caos de las primeras semanas del estallido social. Como sostuvimos en nuestra primera entrega, reafirmamos nuestra hipótesis en el sentido que estos imputados están más vinculados a la delincuencia común que a supuestos actos de carácter antisistémico.

El “narcosaqueo”

Desde el inicio del estallido social, las grabaciones de las cámaras de seguridad junto al análisis de las placas patentes permitieron la detención de personas sin antecedentes penales que iban en sus autos particulares a saquear. Este tipo de saqueador correspondería al oportunista, al que nos referimos en nuestra primera entrega. Pero con el correr de las semanas las detenciones de “saqueadores oportunistas” disminuyeron rápidamente mientras que aumentaron las de individuos que tenían antecedentes penales por el delito de narcotráfico, como ocurrió con los integrantes de la banda de “Los Chaguas”[3].

El modus operandi de las bandas de narcotraficantes durante el estallido social habría consistido en a) saquear locales, o b) protegerlos.

a) Protección de locales: como destacamos en nuestra primera entrega, las bandas habrían abierto locales para saquearlos. Una vez sustraídos los bienes de su interés, se retirarían, dando paso a que otras personas sigan saqueando. Los bienes sustraídos estarían siendo empleados para: i) ser revendidos, o ii) ser repartidos, ya sea para pagar favores, comprar lealtades o llevar a cabo una especie de “caridad” en los territorios bajo su control[4].

b) Protección de locales: en este caso, las bandas de narcotraficantes habrían protegido los comercios, basándose en pactos con políticos locales[5].

La siguiente figura resume el modus operandi de las bandas de narcotraficantes durante el estallido social

Figura 1. Modus operandi de las bandas narcotraficantes durante el estallido social

La colaboración entre políticos locales y narcotraficantes es anterior al estallido social. Un caso de este tipo es el de la Municipalidad de San Ramón, en la que se destaparon varios hechos de corrupción y una estrecha colaboración entre el alcalde de la comuna y el narcotraficante “Chino” Pinto, especialmente en períodos de campaña electoral, en los cuales este último contribuía con grupos de choque en contra de los opositores políticos del primero[6].

También existe una colaboración entre política y barras bravas. Ésta se ha materializado en la participación de estas últimas como brigadistas en campañas electorales[7].

Además, existe un vínculo entre barras bravas y el narcotráfico. Esto se debería, como sostiene el cientista político Juan Pablo Luna, a que las barras bravas funcionan como organizaciones disciplinadas “y disponibles para ser contratadas al mejor postor […] para realizar campañas políticas o para asegurar locales de venta de droga”[8].

Por último, ya en nuestra primera entrega nos referimos a la complicidad existente entre el narcotráfico y algunos de los funcionarios encargados de controlarlo.

El caso Karim Chahuán

Un caso que ilustra la relación entre el narcotráfico, política y saqueos es el de Karim Chahuán, concejal de Renovación Nacional por La Calera. Chahuán fue detenido por saquear el supermercado Tottus de La Calera junto a dos de sus empleados. Ya antes de esta detención estaba siendo investigado por sus vínculos con el narcotráfico: a través de la automotora que administraba facilitaba vehículos a una banda, los intercambiaba por droga e incluso se valía de su cargo como concejal para obtener un trato privilegiado y acceder a información clasificada de parte de Carabineros que le permitiera llevar a cabo estos ilícitos con impunidad[9]. Esto contrastaba con su sus declaraciones y acciones en contra de los saqueos, mediante el préstamo de dos vehículos a comerciantes de La Calera para ayudarlos a resguardar sus locales, la entrega un jeep a la PDI e incluso el aporte con dinero para unas onces de agradecimiento a Carabineros[10].

En nuestra próxima entrega nos referiremos a los encapuchados y sus distintas subdivisiones, siendo la más destacada la denominada “primera línea”; así como al proyecto de ley aprobado en enero de 2013 que tipifica el delito de desórdenes públicos agravados, también conocido como ley “antiencapuchados”, “antisaqueos” y “antibarricadas”.

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[1] Francisca Werth “Informe Estadístico Anual 2019, Ministerio Público”, División de Estudios, Fiscalía Nacional. Disponible en https://bit.ly/3c3oJO1

[2] Ibidem.

[3] El Mostrador, “Arrestan a primer clan de narcotráfico que se dedicaba a saquear en manifestaciones”, 28 de noviembre de 2019. Disponible en https://bit.ly/37Y1Ecp

[4] Ibidem.

[5] Jorge Rojas, “Juan Pablo Luna, cientista político: “Necesitamos un Mandela”, Revista Sábado, El Mercurio, 28 de diciembre de 2019.

[6] CIPER Chile, “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política”, 4 de noviembre de 2019. Disponible en https://bit.ly/2VmrYu0; Pedro Ramírez y Nicolás Sepúlveda, “San Ramón: tres investigaciones cercan al alcalde vinculado a narcotraficantes”, CIPER Chile, 26 de junio de 2018. Disponible en https://bit.ly/2T9NZtv

[7] El Mostrador, “Ascencio (DC) pide que subsecretario Ruiz Tagle renuncie “por decencia” tras denunciar sus vínculos con barras bravas”, 18 de abril de 2012. Disponible en https://bit.ly/37TOOvK ; Valentina Boetto: “Guarello: “Las barrasbravas son un gran negocio””, La Tercera, 26 de julio de 2018. Disponible en https://bit.ly/2VhB8bj.

[8] Juan Pablo Luna, “Dudas sobre la hipótesis del saqueo anarco-narco”, CIPER Chile, 31 de diciembre de 2019. Disponible en https://bit.ly/2vXmZph

[9] Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda, “Las operaciones del concejal Chahuán con uno de los narcos más poderosos de la zona central”, CIPER Chile, 14 de enero de 2020. Disponible en https://bit.ly/394Xlh0

[10] Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda, “La conexión narco del concejal RN detenido por saqueos”,CIPER Chile, 20 de diciembre de 2019. Disponible en https://bit.ly/2VnMmel