La discusión sobre las garantías que posibilitarían la realización de los derechos sociales es completamente insuficiente si su horizonte analítico se encierra en los angostos límites del Estado-nación. Este se encuentra severamente desprovisto de competencias para reaccionar, aunque sea en el más mínimo grado, a las perjudiciales consecuencias globales de las decisiones de los países centrales en los ámbitos de las políticas militares, económicas y en particular las monetarias y sociales.
Una ilustración impactante de meridiana claridad que sintetiza esta situación es la flagrante infracción de los acuerdos que los Estados centrales han suscrito para mitigar y adatarse a los devastadores efectos del modo de producción en el calentamiento global del planeta.